De un lado de la vereda, los buenos, marginados y excluidos. Del otro, los malos de la película, toda una conspiración multisectorial con el firme propósito de hacer el mayor mal posible y porque sí.

Hay quienes han pretendido plantear la discusión sobre la Ley de Artes Escénicas en términos de víctimas y victimarios, estrategia retórica muy conveniente para causar impacto en el espacio público, pero que falta a la verdad y omite convenientemente los fines que se persigue con el proyecto, así como el modo en que se ha construido.

La gracia de este proyecto es que fue levantado en terreno por las mismas agrupaciones que día a día trabajan en el mundo de las artes escénicas, no enviando cartas al director ni sacando notas de prensa. Diferentes sindicatos, gremios, colectivos e individuos se coordinaron hace años ya para armar algo en nombre del bien común, con todas las dificultades que eso implica. Evidentemente no fue algo fácil, no fue siempre algo bonito, y por cierto, no se puede venir a ningunear.

Esto es lo que recientemente ha hecho el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Diego Matte, quien ha enviado una carta al director (otra más) afirmando que el proyecto de ley busca “complacer demandas locales». Pero no es lo único que hace en la carta. También se queja por que nadie lo convocó a sumarse al proyecto. Así, tal cual: había que ir a buscarlo a la casa.

Quienes trabajamos a diario en esta industria, sabemos lo difícil que es generar diálogo en un sector históricamente precarizado por la desconfianza crónica en la institucionalidad. Por lo mismo se puede entender el miedo de agrupaciones como el Colectivo de Cantantes Líricos que nació recién el sábado 16 de junio, luego de firmar una carta de rechazo a este proyecto de ley. Ahora bien, a mí me parece que estamos del mismo lado si el propósito es mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del arte y la cultura, mejorar el financiamiento de la producción artística y hacer algo para cambiar la relación corporativa y subsidiaria que el Estado mantiene con las artes.

El asunto es que su aparición es a propósito de este falso dilema, cuando ya ha quedado meridianamente claro que en el articulado de la ley la ópera está incluida porque ES un arte escénico. Para que esto no suceda, es decir, para que su voz no sea el simple eco de la queja victimizante de Andrés Rodríguez, Matte y compañía, -todos hablantes desde su posición completamente cómoda y elitista- hay que construir representatividad y colectividad.

Por lo mismo habría que preguntarse qué voces son las que han salido a hablar públicamente, los medios que ocupan y sus fines. En este caso se trata de voces conocidas, que están o han estado en posiciones de poder y que hablan a través de diarios como El Mercurio o La Tercera, en muchos casos, sin ser representantes de nadie. ¿Por qué estas voces insisten en instalar la idea de exclusión y rechazo cuando la ley ya los contempla? ¿Por qué en todas estas cartas y notas nunca aparece una palabra en favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, las condiciones de financiamiento y procurar el desarrollo artístico de la sociedad? ¿Por qué las seguimos escuchando?

Precisamente por su condición de proyecto, lo que hoy se discute en el Senado es materia pública perfectible. El punto entonces es lo de siempre: cómo y qué decir. Las voces dispuestas a poner argumentos sobre la mesa, las voces que no solo escriben en prensa para quejarse porque no las convocan, las voces que representan sectores laborales, siempre han estado en la misma vereda.