Óscar Domínguez escribe en Hiedra para ponernos al tanto de la situación en Colombia y detenerse en algunos aspectos del Paro y el uribismo.

Óscar Domínguez
Estudiante de Licenciatura en Historia en la UBA
Miembro de la Asamblea de colombianos y colombianas en Buenos Aires

Sin duda, el paro nacional colombiano ha llamado la atención tanto nacional como internacional. Un estallido marcado por la unión en crecimiento de cada vez más sectores de la sociedad colombiana que han sumado su voz, su creatividad y su voluntad en contra del uribismo, y por una dura represión, sofocación y exterminio por parte del Estado colombiano.

El uribismo no es solo la ideología de un partido político, ya que su poder va más allá que el control del aparato estatal. La presunta relación de Álvaro Uribe tanto con el narcotráfico, con los terratenientes, con los paramilitares y grandes empresarios nacionales e internacionales, es de connivencia, cooperación y composición, lo que constituye una compleja maquinaria de explotación y exterminio hacia lo que esta maquinaria define como enemigo interno*, a la que se le han ido agregando distintos artefactos compuestos por grupos de poder de distintos sectores sociales.

De manera esquemática, esta maquinaria de guerra se forja con cuatro artefactos. Primero, los funcionarios públicos con el control de las instituciones políticas; segundo, las fuerzas armadas junto con la policía y paramilitares; tercero, un sector económico (narcotraficantes, mega-industrias y financieros nacionales e internacionales); y cuarto, el partido y sus afines entre los cuales están grandes medios de comunicación, así como sectores religiosos.

Sólo bajo la intrincada amalgama de estos cuatro componentes, la maquinaria se ha podido constituir sin nunca saber dónde va a terminar, dado que se encarga de producir un proceso, una seguidilla de medidas que dejan puerta abierta a las siguientes pero que no las deja delimitádamente en un marco de acción cerrado. Cada medida no es un paso dentro de un plan dirigido premeditadamente sino que se va gestando a partir de circunstancias y momentos distintos.

Esta maquinaria estatal y privada forja bajo su poder un hegemónico control militar, político y económico, dejando un rastro de sangre, hambre y desamparo durante décadas, rastro que en este paro en particular, no le importó que el mundo lo viera en vivo y en directo. “El que no está conmigo está contra mí”,  fue el mensaje que el uribismo le venía cantando a la población colombiana. Ahora, se lo dijo al mundo (ver más en este link).

El salto cualitativo en la movilización no fue generado por la reforma tributaria impulsada por el gobierno a mediados de abril, pero sí sirvió de detonante porque puso en evidencia el lugar que le da el uribismo a la población colombiana.

Este estallido ha estado marcado por dos características que lo diferencia de anteriores jornadas. Por un lado, la amplia participación de sectores de la población desde las más variadas expresiones políticas, organizativas y sociales que se ven cada vez más subordinadas y subyugadas a los intereses del uribismo, por otro, ha sido la guerra que le ha declarado el uribismo a la movilización, poniendo en marcha y disposición gran parte de su arsenal militar y logístico: las fuerzas armadas, comandos paramilitares, hostigamientos laborales, causas armadas en la fiscalía, control de precios en el mercado, medios de comunicación, alianzas con el narco y un sinfín de tentáculos de aquel aparto sistemático que el tiempo nos hará reconocer.

Las causas y motivaciones del paro de este año han estado en las consignas de las movilizaciones tanto en el sector urbano como el rural: el no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del actual gobierno acompañado del asesinato de parte de firmantes de paz; la pauperización de la situación de la población; una absurda concentración extrema de la tierra; la cada vez más evidente estrecha conexión del narcotráfico y el paramilitarismo con el uribismo; un sistema de salud bajo una lógica comercial e ineficiente; el direccionamiento de los recursos hídricos y energéticos de la nación hacia proyectos ajenos y perjudiciales a los habitantes del país; el asesinato y persecución sistemática de líderes y lideresas sociales, políticxs, ambientales, indígenas, afrodescendientes, trans, campesinos, entre otros sujetos sociales; un sistema educativo con un alcance mínimo; la relación de subordinación con la política estadounidense; una violencia de género encastrada en las instituciones tanto públicas como privadas; una evidenciación del sometimiento armado del cual es víctima la población en general entre otras problemáticas que seguramente se me escapan pero todas con un factor común, ni la más mínima intención de cambio o atención por parte del establishment gubernamental.

Estas movilizaciones cuentan con un antecedente inmediato en el paro del 2019, donde se dio una articulación de distintos sectores, aunque el apoyo entre la población ante las diferentes problemáticas y movilizaciones ya se venía dando y el acompañamiento era cada vez mayor. Es en el 2019 donde se logra materializar prematuramente un interés de luchar en conjunto y actuar en bloque las y los sujetos sociales que vienen dando una lucha incansable desde tantos años. Hemos podido ver cómo en la unidad no solo nos podemos proteger más sino que también podemos empujar más duro, lo cual, por qué no decirlo, nos ha blindado de una esperanza que permite que después de tantos golpes y compañeros caídos, queramos seguir en pie de lucha por un mejor hoy y un mejor mañana.

Otro antecedente aún más cercano lo constituye las movilizaciones de septiembre de 2020, las cuales tuvieron como epicentro Bogotá, donde tras un visibilizado asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de la fuerza pública, se dio la Masacre de Bogotá dejando al menos 13 muertos y centenares de heridos.

En el paro nacional de este año se ha comprobado que a pesar del agotamiento y la represión que padece la sociedad colombiana, aún tiene la capacidad de juntar manos y ser protagonista de la situación. Frente a esto, el accionar bélico del uribismo contra la población movilizada se ha distinguido desde el primer día por su autoritario tratamiento, así se deduce del Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS (Instituto de la Universidad de los Andes) al cumplirse dos meses de movilización se registraba el siguiente saldo:

• 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la fuerza pública.
• Otros 29 homicidios en proceso de verificación sobre si el presunto victimario pertenecía a la fuerza pública.
• 4 son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de posible participación de miembros de la fuerza pública.
• 9 están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho.
• 3 están en proceso de verificación de la denuncia.
• 1617 víctimas de violencia física
• 82 víctimas de agresiones oculares.
• 228 víctimas de disparos de arma de fuego.
• 28 víctimas de violencia sexual.
• 9 víctimas de violencia basada en género.
• 2005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.
• 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
• 35 casos de uso de armas Venom por parte del Esmad.

Ante la grave situación humanitaria en este contexto, tres comitivas internacionales de verificación de DD. HH. Han llegado a Colombia, una desde Argentina, otra desde Cataluña, y la de la comisión interamericana de derechos humanos, de la OEA. Las tres constataron que hay una práctica sistemática de represión contra la movilización, articulando la fuerza pública, comandos paramilitares y empresarios, con una consecuente negación de los hechos por parte de la cancillería. Aunque los datos de la propia Fiscalía General y Ministerio de Defensa sobre los asesinatos a civiles por parte de la fuerza pública son de 19 personas, como si esto fuera poco (ver más en este link).

Como impugnación ante esto la sociedad civil, dentro y fuera del país, ha respondido con organización: la creación de asambleas populares en más de 20 puntos del país y el exterior, primeras líneas en los puntos más neurálgicos, guardias comunitarias, actividades artísticas y culturales, la convicción del Comité de Paro hasta que el gobierno no cumpla condiciones básicas de respeto a la movilización, remoción de símbolos antipopulares y re significación de los espacios, ollas comunitarias que han podido paliar de alguna manera la crisis alimentaria de gran parte de la población. Estas y muchas otras expresiones han llenado y llenarán de color, fuerza y resistencia tanta desidia que ha venido recibiendo el pueblo colombiano durante tantos años.

Colombia representa una eficiente combinación de democracia formal y terrorismo de Estado. El cómo ha podido establecerse y seguir operando, no solo encuentra sus causas dentro del territorio nacional, sino también que la complacencia de Estados y organizaciones internacionales con esta situación juega un papel preponderante en cómo no solo han apoyado sino que han fomentado e invertido en semejante práctica genocida.

Actualmente, en vísperas de grandes movilizaciones y encuentros nacionales de este grandioso movimiento, el poder ejecutivo, con tal de desarticular, ha actuado bajo decreto de nuevo por fuera del marco de los tratados internacionales de los cuales está suscrito, obstaculizando la libre asociación en dos sucesos específicos, la Asamblea Nacional Popular llevada a cabo en Cali del 17 al 19 de julio, así como el encuentro de primeras líneas en Bogotá.

Estas jornadas de movilización, así como los eventos políticos actuales que vienen sucediendo en Colombia, nos dejan avistar una crisis interna dentro de la maquinaria uribista, sin la cual las movilizaciones no hubieran tenido la masividad con la que contaron desde el primer día. El descredito social no solo por su desidia militar sino además por los escándalos de narcotráfico y los diferentes hechos de corrupción, crece exponencialmente, y las balas con las que intentan disipar la población callaran ante el grito unísono que se dio con los acuerdos de paz. ¡BASTA YA!

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Imagen: Kevin Molano