Alejandra Castillo escribe en Hiedra para insistir en el colapso del modelo neoliberal chileno y en la necesidad de una asamblea constituyente.

Alejandra Castillo
Filósofa feminista

Hace unas semanas atrás, en una interesante conversación con Sebastián Pérez, Consuelo Zamorano e Iván Insunza de HiedraFM, me preguntaban si la posición que sostengo en Asamblea de los cuerpos en lo relativo a mi distancia con la fórmula de la “Convención Constitucional” había cambiado con el correr de los meses y con el escenario de la pandemia. A decir verdad, sigo manteniendo la misma distancia. El calor de los primeros meses de la revuelta nunca sofocó mi juicio, todavía creo que la única posibilidad de darnos otro cuerpo para la política en Chile pasa por asumir el riesgo de una “asamblea constituyente”.

La pandemia no ha hecho, sino que poner de manifiesto los implacables modos en que la desigualdad está institucionalizada en Chile. Cada vez que una institución de gobierno toma alguna medida, termina por beneficiar a los más ricos. Hemos visto que el Ministerio del Trabajo favorece a las empresas permitiéndoles el despido de los trabajadores y trabajadoras. Conociendo el desarrollo de la pandemia en los países europeos, el Ministerio de Salud no compra ventiladores, insumos, no toma medidas a tiempo para asegurar que los hospitales públicos puedan garantizar un buen servicio a la comunidad, en pocas palabras, no hace nada y lo que hace lo hace mal.

El Ministerio de Hacienda insiste en decir que no hay dinero para implementar cuarentenas con protección social, pero sí lo hay para salvar a las grandes empresas. El Ministerio de la Mujer no toma nota, menos medidas, del aumento de la violencia intrafamiliar debido a las cuarentenas. ¿Cómo este Ministerio podría estar a la altura si la nueva ministra pide que sean reconocidos los logros de la Dictadura de Pinochet? ¿Contarán para ella como logros la violación de los derechos humanos? Esta misma ministra durante las primeras semanas de la revuelta de octubre del año pasado pedía “mano dura” contra los “desmanes”.

Con cierta compulsión, el Ministerio de Educación no hace sino que agendar, una y otra vez,  la vuelta a clases. El gobierno en su conjunto tiene una sola preocupación: reactivar la economía, la de los ricos. ¿Y el Congreso? Desde la revuelta de octubre, el Congreso no ha hecho, sino que legislar a favor de medidas represivas.

Este es nuestro escenario político y a partir de él debemos preguntarnos si una “Convención Constitucional” con los mismos actores políticos (la clase política en su conjunto) será capaz de redactar una Constitución que garantice el derecho a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles; el derecho a acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad; el derecho a tener una jubilación justa que reconozca los años trabajados; el derecho a la protección social; el derecho al aborto seguro y gratuito; y aunque parezca extraño para cualquiera que no viva en esta tierra de injusticias, una Constitución que garantice el derecho al “agua”.

Lo que tenemos ahora –lo que hemos tenido a partir de la Constitución de 1980- es eso: un Estado sin salud, sin previsión, sin seguridad social, sin agua. Una cáscara de Estado cuyos recursos han ido a parar a los bolsillos de los más ricos. Lo que tenemos es un pueblo oprimido, empobrecido y nuestros derechos han sido borrados en favor de la ampliación del sector privado y su enriquecimiento.

La revuelta de octubre no se equivoca, entonces, en su reclamo por una “asamblea constituyente”. La clase política se apresura con su “Convención Constitucional”.  La razón de la voz de la revuelta que exige una asamblea constituyente está en la necesidad de una “detención”. Es necesario “destituir”, primero, antes de constituir algo nuevo. Esta detención implica dejar caer la cáscara del Estado neoliberal y no retener nada de ella. Para ello es necesario cambiar la perspectiva desde la que miramos la política y su organización. La asamblea constituyente permitía ese cambio de perspectiva. Una asamblea constituyente mira desde abajo y desde los márgenes, es desde aquellas coordenadas que plantea otro orden.

¿Es imposible organizar una asamblea constituyente? No, no lo es. Se deben establecer algunos límites necesarios, uno de ellos es la exclusión de la participación de los partidos políticos. La razón es sencilla. Los partidos políticos ya son un modo determinado de la representación política y, por ello, son parte del cuerpo moribundo del Estado neoliberal, ese que debemos cambiar. ¿Quiénes organizan la asamblea constituyente? Las organizaciones sociales y/o comunales. Es a partir de éstas que se establece el modo de participación. El miedo a la “detención” y al “cambio de perspectiva” que propone la asamblea constituyente está en su supuesto “no saber”.

Se suele escuchar que el pueblo, sus organizaciones, no saben y, justo por ello, se necesitan expertos de la política y de las constituciones. Y, la verdad que no así. El mundo de los expertos, y su saber, no hacen sino que poner en acto, una y otra vez, la normalidad de un orden elitista, excluyente, androcéntrico, racista y clasista. Sus miradas y cuerpos han constituido el cuerpo de la política que conocemos, es su reflejo.

Si miramos hacia los márgenes -hacia a esas prácticas y saberes que han emergido contra la normalidad del elitismo de la democracia neoliberal y debido a ello han sido marginados- encontraremos propuestas para organizar otro cuerpo para este Estado chileno inexistente. Para ello es necesario el colapso, dejar caer. ¿Qué viene luego? La detención de la normalidad neoliberal y el cambio de perspectiva. ¿Cómo se logra aquello? Solamente con una asamblea constituyente.

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Imagen: Las protestas en Chile demandando cambios al modelo. Fotografías: AP Foto/Rodrigo Abd y AFP.