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Cultura: proyectarnos más allá de cifras, hashtags y concursabilidad

Franco Beghelli escribe en Hiedra para tensionar las nociones de Cultura como bien público-privado con la idea de bien común.

Franco Beghelli
Director de teatro
Ex secretario general SIDARTE

Las instituciones culturales pasarían a entenderse, así, como lugares en los que la ciudadanía consume y produce su cultura,
lo que implicaría un cambio radical a la hora de concebir qué y para quiénes son las instituciones”
.

Jaron Rowan

 

You wanna know how to rhyme you better learn how to add It’s mathematics

Yasiin Bey (Mos Def)

 

Últimamente nuestra capacidad de proyectar la vida más allá del presente enclaustrado está hegemonizada por los números. Todos los días vemos en vivo y en directo al Ministerio de Salud darnos las cifras de la pandemia, el parlamento dividido por el 50% de rebaja de sus sueldos, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anuncia 15.000 millones de pesos en “ayuda” al sector cultural, trabajadores/as sacando cálculos de cómo vivirán con el 70%, 55%, 45%, 40%, 35%, 30% de su sueldo, y yo, como trabajador de la cultura, calculando cómo voy a vivir sin acceso al seguro de cesantía.

Pero las cifras son como la Biblia, se interpretan, y para nosotros/as, los y las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio, las cifras se interpretan desde la precariedad. Por otra parte, las redes sociales se han convertido en campos de luchas políticas como nunca antes, donde el hashtag es el arma más eficaz, ¡y claro que hemos participado de esas campañas!, porque en tiempos de pandemia la precariedad es evidente, aunque siempre estuvo ahí. Pero el hashtag apela al sentido común, y este es servil al Status Quo. Por esto las y los quiero invitar a que, desde las cifras y los hashtag como punto de partida, juguemos un rato a proyectar otro tipo de políticas culturales, que proyectemos que “otro mundo es posible”, o como me dice un muro cerca de nuestro hogar cada vez que salgo con mi salvoconducto a comprar: “otro fin del mundo es posible”.

Para situarnos, el Estado Nación ha enfocado su política cultural desde 2 paradigmas. El primero es entender a la cultura como un derecho, donde el Estado debe garantizar el acceso a las manifestaciones culturales: #LaCulturaComoUnBienPúblico. Este paradigma se fundamenta en la visión ilustrada que entiende a la cultura como un ente educador, donde por una parte se encuentra el educador/emisor/productor del objeto cultural, y por otra parte el educando/receptor/consumidor del objeto cultural, la cultura entendida como un espectáculo gratuito, como un objeto civilizador, la obra de arte, el fuego que Prometeo porta y regala a la humanidad que vivía en la oscuridad. Para poner en circulación y garantizar su acceso sin malgastar los siempre escasos recursos públicos, los proyectos culturales se deben seleccionar con parámetros cualitativos, por esto se consulta a los portadores del fuego, los artistas, para que mediante comisiones evalúen a sus pares cada año, evaluaciones que permiten separar la paja del trigo, los adjudicados de los no seleccionados. Por su lado la “ciudadanía”, siente una fuerte apatía hacia lo que se percibe como cultura, ya que no entiende por qué se gastan recursos públicos en lo que ven como prácticas elitistas que poco o nada tienen de necesidades sociales, un fructífero caldo de cultivo para la entrada en la historia de nuestro segundo paradigma: #LaCulturaComoUnBienPrivado.

En este segundo paradigma, se entiende a la cultura como un recurso económico, un motor de desarrollo cuyo valor reside en su capacidad de generar beneficios económicos, es decir, la cultura es entendida como un bien privado. Este paradigma se fundamenta en la idea de innovación como nuevo motor del capitalismo, su punta de lanza son las industrias creativas, donde la creatividad individual es la materia prima (materia prima que es ilimitada, sostenible y que está al alcance de todo el mundo), y la acumulación de capital se basa en el cercamiento de los bienes culturales y la explotación de la propiedad intelectual, transformando, en muchos casos, conocimientos comunes que circulan en el mercado como ideas privadas.

Haciendo un poco de historia, las primeras políticas de fomento a las industrias creativas en el mundo nacen de la mano de gobiernos socialdemócratas europeos, que mediante seminarios, congresos e informes que buscaron promover las bondades de este paradigma, a grandes rasgos, crecimiento económico sostenible, creación de empleo, reducción de la precariedad laboral, puesta en valor del patrimonio, impulsora de actividades económicas que conviven en el mismo ambiente (por ejemplo el turismo), y resiliencia ante las crisis económicas, entre otros. Pero hasta el momento, y tal como señala Jaron Rowan, las industrias creativas no han probado ser eficaces en cumplir sus promesas de bonanza económica, incluso son reproductoras de la precariedad laboral, la concentración del capital, la gentrificación de zonas patrimoniales, la brecha de género, y son especialmente vulnerables a las crisis económicas. La ley del chorreo es un mito, la precariedad sigue ahí.

Según el Observatorio de Políticas Culturales en su análisis de los fondos concursables 2020, la cobertura con respecto al total de proyectos postulados fue de un 17%, es decir 24.274.192.818 de pesos fueron otorgados a un 17% mientras que el restante 83% se fue para la casa a organizar completadas bailables, crowdfundings, tocar puertas de privados y/o guardar el proyecto para “afinarlo” en la postulación del próximo año. Entonces ¡¿En qué carajo estaban pensando en el ministerio cuando decidieron que el mecanismo para acceder al “Plan de Emergencia en Apoyo a las Culturas, las Artes y el Patrimonio” fuera a través de fondos concursables?!

Más allá de la clásica respuesta que reza “no le pidamos peras al olmo”, o “que se espera de un gobierno de derecha en un Estado neoliberal”, si la historia fuera otra, desde acá, desde la precariedad, tampoco creemos que un gobierno de la centroizquierda chilena hubiera hecho algo tan distinto. Más allá de voluntarismos y competencias administrativas, el problema es estructural, toda nuestra institucionalidad cultural parece estar construida desde el binomio público-privado.

Es importante señalar que tanto el paradigma que entiende la cultura como un bien público, como el que la entiende como un bien privado, generan una dicotomía que no podemos dejar de abordar: la división entre consumidores y productores de cultura. La cultura está comprendida dentro del modelo económico y político del país bajo condiciones ajenas a la realidad de cada individuo, la sociedad se enfrenta a ella como una visita, la hace parte de su vida como sujeto beneficiario de políticas asistencialistas. La cultura como bien privado o bien de consumo genera en las comunidades una enajenación cultural, donde las propias comunidades no se ven a sí mismas como productores o hacedores de cultura, sino que entienden a la cultura como un producto externo, que es importado a su cotidianidad mediante el mercado.

La cultura como bien público, el acceso como derecho social, deriva de una perspectiva moderna e ilustrada donde existirían clases de personas cultas y otra clases de personas incultas a las cuales se les debe entregar cultura para su desarrollo humano. Aunque esta concepción se enmarca en un paradigma de derecho, no deja de ser igual de enajenante, ya que la cultura se entiende como un elemento exógeno, una exterioridad y no como, parafraseando al compañero Arnaldo Delgado, la vida en común de una colectividad que se expresa en múltiples formas, tanto estéticas como éticas, semióticas, ideológicas y epistemológicas. lo cual nos allana el camino para un tercer paradigma emergente: #LaCulturaComoBienComún.

Lo común, el procomún o los modelos de gobernanza y gestión de los bienes, conocimientos y riquezas comunes a todas y todos, es un concepto que no es para nada nuevo (y en el cual venimos reflexionando hace un tiempo ya), y que en las últimas décadas se ha resignificado como una estrategia para fisurar y tensionar el binomio entre lo privado y lo público. Según el trabajo de Elinor Ostrom, podemos definir el procomún bajo tres características principales: 1) Recurso claramente delimitado y cuya explotación se ha consensuado por parte del grupo social que hace uso de él. 2) La comunidad que explota este recurso se autoidentifica como tal, es consciente de quiénes son sus miembros y cuenta con mecanismos de inclusión y exclusión. 3) La comunidad ha sabido diseñar un conjunto de reglas y sanciones que garantizan la explotación sostenible del recurso, es decir, ha establecido un sistema de gestión que toda la comunidad respeta pero que, a su vez, puede ser modificado por toda la comunidad en caso de que resulte inoperativo.

Por otra parte, y desde una visión más enraizada desde las políticas autónomas no-estadocéntricas, Raquel Gutiérrez Aguilar define lo común, o en sus propias palabras, las lógicas de producción del común, como una dinámica asociativa particular y concreta, situada temporal, geográfica e históricamente que, por lo general, se propone alcanzar objetivos específicos casi siempre relacionados con asegurar o proteger condiciones para la reproducción colectiva en medio de amenazas drásticas de despojo o agravio. Para nosotros/as, lo común es un paradigma construido desde la libertad del individuo inmerso y responsable del colectivo, que mediante la autonomía colectiva busca enfrentarse a las políticas de precarización de la vida.

Pero no nos confundamos, para poder proyectar una incidencia efectiva, lo público no puede desaparecer, eso es hacerle un gran favor al neoliberalismo. De lo que se trata es buscar caminos y alianzas que permitan constituir otro tipo de administración, otro tipo de estructura que reconozca y fortalezca el entramado comunitario cultural, que descentralice recursos, con mayor cobertura, que no ponga el énfasis en la creatividad individual, sino en la creación de cuencas creativas, ecosistemas de (re)producción cultural, polos y puntos de cultura, donde industrias creativas basadas en la economía social y solidaria, cooperativas, organizaciones comunitarias tengan la posibilidad de administrar y gestionar de manera democrática aquellos recursos, saberes, técnicas y conocimientos culturales, políticos y económicos comunes a todas y todos. De lo que estamos hablando es de una alianza público-comunitaria, (relación no carente de conflictos y tensiones) donde la labor del Estado no es garantizar el acceso del individuo a una oferta cultural, sino el acceso del individuo a una comunidad cultural, constituyendo lo público como infraestructura del común.

En el marco del debate constitucional (si, recuerden que todavía estamos en eso y hoy más que nunca se hace urgente este debate) debemos ir más allá de la denominada cultura del hashtag, no basta con que en la nueva constitución se escriba que la cultura es un bien público y/o un bien común, por ejemplo el acceso a la salud está ahora garantizado en la letra de la constitución y miren como estamos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se redacta una Constitución que permita la institución de infraestructuras del común? La invitación es a tomar las cifras más allá del número, el hashtag más allá del titular, y proyectar caminos que nos permitan concretar nuestros horizontes.

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Imagen: grabado del astrónomo Camille flammarion, 1888.